“Me parece un gran avance lo ocurrido en la Cámara de Diputados quienes estipularon que se regule la instalación de torres de soporte de antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones, entre las que se incluye las de antenas de telefonía celular”.
Así lo indicó el concejal Juan Eduardo Vera quien precisó que se pretende establecer un mecanismo de resolución de conflictos, frente a las controversias que se susciten entre los operadores, respecto del monto que deben pagar por la colocalización. Además, establecen los plazos que deben disponer los concesionarios, para ajustar las torres ya instaladas en zonas de interés turístico.
Acotó Vera que la modificación a la ley, además prescribe que en caso de no existir acuerdo entre los operadores en el monto a que deben ascender los pagos por la instalación, dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que se materializó la respectiva colocalización, se deberá someter la controversia al conocimiento y fallo de un árbitro arbitrador.
“En particular, si como consecuencia de dichas inversiones adicionales, se altera la altura o la envergadura de la infraestructura de soporte de antenas, las autorizaciones y requisitos que se establecen en la ley para el emplazamiento deberán ser asumidos plenamente por el requirente”, clarificó el concejal castreño.
Asimismo, serán de cuenta del operador tanto los costos y gastos necesarios para su operación y mantenimiento, como también el costo equivalente al valor nuevo de reemplazo de dicha torre, entendido como el costo de renovar todas las obras, instalaciones y bienes físicos necesarios para su emplazamiento.
También correrán por su cuenta otros gastos, como las rentas de arrendamiento y otras semejantes, las compensaciones o indemnizaciones, los derechos o los pagos asociados a eventuales servidumbres, todo ello calculado según la tasa de descuento correspondiente.
“Entre los derechos, no se podrán incluir los que haya concedido el Estado a título gratuito ni los pagos realizados en el caso de concesiones obtenidas mediante licitación. El proyecto fue enviado al Senado, a cumplir su segundo trámite constitucional”, concluyó Juan Eduardo Vera.
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