En relación a querella contra quienes resulten responsables por mal uso de recursos de la Ley SEP percibidos durante el año 2008, presentada por la Corporación Municipal de Dalcahue representada por el Estudio Jurídico Álvarez Pinto & Asociados, cumplimos con realizar las siguientes precisiones:
1.- Dicha querella tuvo como fundamento un Informe emanado de la Contraloría Regional de la República la que con fecha 16 de noviembre de 2011, señaló en lo relativo a la revisión de los recursos que otorga la Ley sobre Subvención Escolar Preferencial que existían recursos que habrían sido destinados a otras finalidades propias de esa Corporación, lo que resulta improcedente.
2.- De esta forma, el ente contralor ordenó a la Corporación Municipal de Dalcahue efectuar un análisis pormenorizado de las diferencias advertidas, con el objeto de regularizar y determinar el destino de tal diferencia.
3.- Pues bien, efectuadas las investigaciones pertinentes, se detectó que de dicha diferencia, el monto de $ 40.797.150.- de los recursos faltantes correspondían a los recursos percibidos durante el año 2008 durante la administración municipal anterior a la presente , los cuales no se registraban en el saldo a diciembre de ese año y se desconocía su utilización exacta.
4.- En atención a ello es que la Corporación que representamos interpuso una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Castro.
5.- Lo concreto, es que los hechos detectados por Contraloría son claros en dar cuenta de una situación en la que una persona o varias personas, en concreto, anteriores funcionarios, y en razón de su trabajo, recibieron bienes, precisamente dinero, teniendo la obligación de la utilización correcta de ellos, lo que a la luz del Informe citado, no realizaron, como de manera fidedigna acreditó el ente contralor, configurándose de este modo, una conducta que a nuestro juicio, debía ser conocida por la Justicia.
6.- Actualmente dicha acción se encuentra en etapa de investigación, pendiente del informe que al efecto debe evacuar la Brigada de Delitos Económicos, y no como se ha pretendido confundir a la opinión pública por parte de los representantes de la administración municipal anterior de que todo estaba subsanado y correctamente.
Firma la declaración pública Julio Álvarez Pinto abogado.
Departamento de Prensa
